Ángeles y Camotes
Una coalición formada por los fiscales generales de doce estados de Estados Unidos presentó este miércoles una demanda contra el presidente Donald Trump. El recurso legal fue interpuesto ante el Tribunal de Comercio Internacional con la intención de detener una serie de aranceles que, según los demandantes, fueron impuestos de forma ilegal.
Los fiscales han considerado que estas medidas comerciales, promovidas por órdenes ejecutivas del presidente, afectan directamente a la economía de sus estados y a los ciudadanos que viven en ellos.
La demanda se enfoca en frenar el aumento de impuestos a productos importados, entre ellos:
- Un arancel del 145% a productos procedentes de China
- Un 25% a bienes provenientes de México y Canadá
- Un 10% adicional a artículos importados desde otros países
- Y un plan para elevar tarifas a importaciones de 46 países más a partir del 9 de julio
Los estados aseguran que estas acciones se tomaron sin consultar al Congresoy sin el respaldo legal necesario.
El fiscal de Oregón, Dan Rayfield, explicó que no está dispuesto a aceptar medidas que, según él, dañan a las familias y negocios locales.
“Estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de contrarrestarlos”.
Expresó en un comunicado.
Kris Mayes, fiscal de Arizona, también se sumó a la denuncia al señalar que el plan del presidente Trump es, además de imprudente, contrario a la ley.
La coalición mencionó estudios que indican que, en el pasado, la mayoría del costo de los aranceles impuestos por el Gobierno terminó siendo cubierto por los propios consumidores estadounidenses.
También se mencionaron informes de instituciones como la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional, los cuales prevén un aumento en la inflación si estas nuevas tarifas entran en vigor.
Además de Oregón y Arizona, participaron en la demanda los fiscales de los estados de:
Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont.
Todos ellos coinciden en que las medidas comerciales amenazan el desarrollo económico regional y nacional.